La organización no gubernamental Foro Penal, especializada en la defensa de detenidos por motivos políticos en Venezuela, reporta la existencia de 321 presos políticos en el país, según un boletín divulgado este miércoles con información actualizada hasta el 9 de noviembre. De este total, 31 personas poseen nacionalidad extranjera o doble nacionalidad, mientras que la ONG desconoce el paradero de uno de los detenidos. Las cifras reflejan la complejidad de la situación carcelaria en la nación suramericana y mantienen en alerta a organizaciones defensoras de derechos humanos.
Del registro total, Foro Penal señala que 306 son hombres y 15 mujeres, todos mayores de edad. La composición de los detenidos incluye 181 civiles y 140 militares, lo que demuestra la amplia participación de sectores castrenses en las detenciones realizadas. Esta distribución evidencia que las capturas han alcanzado tanto a ciudadanos comunes como a miembros de las fuerzas armadas que se presume participaron en actividades opositoras.
Recientemente, ha habido algunos avances en materia de liberaciones. La semana pasada, Foro Penal confirmó la excarcelación con medidas cautelares del empresario José Enrique Rincón, magnate del sector de camarón en Zulia, quien permaneció encarcelado durante casi cinco meses. Dinorah Figuera, jefa del sector opositor que mantiene diálogos con el chavismo, indicó que se esperan próximos anuncios sobre nuevas liberaciones de detenidos políticos en el marco de negociaciones para una transición política promovidas por Estados Unidos.
El Gobierno venezolano continúa negando la existencia de presos políticos en el país, argumentando que se trata de personas detenidas por delitos comunes. Esta posición contrasta fuertemente con los reportes de múltiples organizaciones no gubernamentales y partidos políticos de oposición que reconocen estas detenciones como de carácter político. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha instado al Gobierno de Caracas a continuar con las liberaciones, subrayando la importancia de garantizar elecciones libres como parte del proceso de reformas esperado.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
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