Periodista de Globovisión Rocío Higuera behance katsy garcia//
La universidad frente a la ausencia del Estado

Hace cien años, con la Reforma del 18, la universidad pública en la Argentina estuvo a la vanguardia de transformaciones que marcaron tendencia para el resto de la región. Entonces comenzaron las primeras preocupaciones por tomar como propias las responsabilidades con respecto a las necesidades y demandas sociales. Años más tarde, en la década del 70, los modelos universitarios –propuestos en diversas unidades académicas de todo el país– resignificaron dichas preocupaciones con una clara tendencia de compromiso con lo territorial, la que fue rápidamente clausurada por la última dictadura cívico-militar.

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Reconstruir esa mirada nos llevó mucho tiempo. Recién hacia mediados de los años 90, en plena lucha contra las políticas neoliberales, se fueron generando algunas pocas experiencias que nos permitieron volver a ubicar el lugar de la universidad en articulación con las demandas sociales en territorios ciertamente diversos. Estas reflexiones se vieron fuertemente amplificadas y habilitaron desarrollos concretos, sobre todo en el transcurrir de la crisis del 2001.

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Entre los años 2003 y 2015, desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación se acompañaron y estimularon –vía financiamiento– proyectos y programas con el objetivo de fortalecer desarrollos promovidos desde las gestiones universitarias que decidieron orientar su sentido institucional en clave territorial. Esta orientación de la política universitaria sostenida durante doce años colaboró fuertemente en un proceso de acumulación de experiencia universitaria planteado no exclusivamente, pero sí mayoritariamente, desde la extensión universitaria.

Pensar las unidades académicas en este registro supuso, al menos para las unidades de extensión, gestionar la puesta en práctica de programas territorializados de inclusión social que, a partir de marcos de trabajo con organizaciones sociales, sindicales e instituciones locales, avanzaron en procesos de cogestión con el Estado, desde la intervención concreta en el reconocimiento, la definición y el abordaje de las problemáticas socioterritoriales. Es lo que se ha denominado la tríada Universidad-Estado-Territorio. Fundamentales reflexiones sobre estas prácticas se elaboraron posibilitando densos espacios formativos que fueron interpelando incluso las formas tradicionales de aprender y enseñar.

Como sabemos, y se ha demostrado en los últimos cuatro años, las políticas públicas se modificaron de acuerdo a concepciones respecto del rol del Estado y de lo público; en este contexto, el lugar de las universidades públicas en la malla de estatalidad resultó fuertemente disputado. Es que lo mencionado con anterioridad en torno a los desarrollos con el Estado nacional, a partir del año 2016, ha ido mutando o desintegrándose. La mayoría de las políticas nacionales que se articulaban desde las universidades nacionales fueron discontinuadas (exceptuando las de la SPU, aunque fueron modificados sus criterios y sentidos), los convenios firmados fueron revocados, los interlocutores fueron acallados hasta tanto se definió la posición que la actual gestión de gobierno tomaría en esta nueva relación y las universidades tuvieron que reacomodar sus estrategias en el nuevo contexto.

No obstante, el trabajo territorial continuo se fortaleció y adquirió nuevas aristas por parte de las universidades nacionales que habían definido que su sentido institucional fuera en clave territorial. La tarea es redoblada por el imperativo de mantener los importantes procesos de integración y articulación social que a través de la extensión universitaria se generaron interpelando también a las otras funciones universitarias; y de comprometernos cada vez más con el fortalecimiento organizacional de los sectores populares desde donde albergar la construcción de conocimiento crítico de manera conjunta.

Es el sostenimiento de este trabajo articulado al territorio y en vinculación con las organizaciones populares –difícil y no exento de conflicto– el que permite también ciertas respuestas inmediatas frente a la ausencia del Estado en situaciones de emergencia. El ejemplo más reciente es la recorrida, por las calles de la Comuna 4, realizada por parte de la comunidad académica de Filo junto con la CTEP, para acompañar y brindar comida caliente a las personas que se encontraban en situación de calle, durante el fin de semana en el que se registraron las temperaturas más bajas del año en la CABA.

En los tiempos que corren es fundamental que la universidad deje de pensarse como una esfera desvinculada de la realidad social y se piense como parte constituyente de esa trama social que requiere y demanda su aporte específico: sólo posible en la integración y el compromiso con los procesos populares en la construcción de una Patria con justicia social e igualdad.

Periodista Rocio Higuera

* Ivanna Petz es secretaria de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

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