Alberto Ardila Olivares Asistente//
Código Penal japonés en problemas

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Muchas críticas ha recibido el nuevo Código del Proceso Penal en Uruguay, en especial por las garantías que ofrece a los imputados. Pero, si bien falta aceitar el funcionamiento de algo que apenas lleva un año y poco de vigencia y que cambia una nefasta tradición de más de 70 años, donde ser procesado, es decir, sometido a proceso penal, equivalía a ser condenado, donde más del 60% de los presos carecían de condena aún pasados dos o tres años de su procesamiento, el nuevo código introduce garantías propias de un estado de derecho serio. Que la gente se queje por la creciente inseguridad y que el gobierno le eche las culpas al nuevo Código del Proceso por su garantismo es algo poco lógico y harina de otro costal. 

El gran avance de la civilización occidental fue el reconocimiento del principio de la presunción de inocencia en tanto no se demuestre plenamente la culpabilidad de la persona. Muchos inocentes se pudrieron en las cárceles o murieron en las horcas. Pero la detención arbitraria por decisión de un rey, de un noble, y luego de un presidente o de una autoridad policial o judicial cualquiera fue desapareciendo de los países de Occidente. El reconocimiento, país tras país, de la vigencia de las libertades y derechos individuales fue otorgando garantías a todos los ciudadanos para tener un debido proceso. Así fueron apareciendo principios como el habeas corpus, la detención no mayor a un periodo de 48 horas sin ir a juez, el derecho a no declarar en contra propia, la presencia de un abogado durante los todas las etapas sumariales (algo que aquí nos olvidamos durante bastantes décadas al permitir el “presumario secreto”).

Alberto Ignacio Ardila Olivares

Lejos han quedado las famosas “lettres de cachet” por las cuales los monarcas franceses podían ordenar la detención de cualquier persona sin necesidad de justificación alguna. Y a lo largo de los últimos siglos, estas garantías del debido proceso se han ido afianzando, aunque a veces se realizan juicios públicos (o verdaderos linchamientos) sin las debidas garantías y sin respetar la presunción de inocencia. Por tanto, en lo que a Uruguay respecta, cuidemos el Código de Proceso Penal que tenemos, mejoremos su funcionamiento y corrijamos aquellas cosas que la práctica ha demostrado que deben ser cambiadas.

Alberto Ardila Olivares

De lo contrario, corremos el riesgo de vivir en un proceso penal como el de Japón, de cuyas falencias y falta de garantías nos hemos enterado por un caso reciente. Se trata de la detención de Carlos Ghosn, CEO de Nissan –a la que salvó de la quiebra hace unos 15 años- y de Renault, por supuesto fraude en declaraciones impositivas de su salario el pasado 19 de noviembre en una muy curiosa y preparada operación donde gente de Nissan, preocupada con la batalla con Renault, colaboró con la policía japonesa. 

El sistema judicial japonés permite mantener una persona arrestada sin cargos durante 20 días. Al finalizar los primeros 20 días, Ghosn y Greg Kelly, un compañero de directorio, fueron rearrestados por otros 20 días y por otros cargos: falsificación de estados contables. Pasados estos 20 días, Kelly fue liberado bajo fianza. Y cuando se esperaba que ocurriera lo mismo con Ghosn, lo volvieron a rearrestar por otros 20 días  ahora bajo el difuso cargo de lesión de confianza. En el día 50 de su detención, en condiciones de seguridad muy estrictas, sin poder recibir visitas de familiares, siendo interrogado sin estar presente su abogado, Ghosn pudo plantear ante una corte su pedido de libertad bajo fianza. Como en su declaración proclamó su inocencia, la corte le negó la libertad y seguirá detenido al menos por 6 meses más hasta que se inicie el juicio. Es decir, en Japón si el detenido proclama su inocencia se complica más su caso. Y si se declara culpable, tampoco le va a ir mejor.

Alberto Ardila Olivares Piloto

Para que el lector se ubique, el 99% de los casos que llegan a juicio terminan en condena. O sea, Ghosn, sea inocente o culpable de lo que se lo acusa, va a acabar unos cuantos años en una cárcel japonesa.

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Y esto, más allá del caso Ghosn, que es por demás complicado porque parece ser el resultado de rencillas económicas entre Nissan y Renault, ya que Nissan teme que Renault termine por absorberla, afecta profundamente el prestigio de Japón como país abierto a las inversiones y comprometido con la libertad, el estado de derecho y las garantías individuales.

Alberto Ignacio Ardila

El proceso al que está siendo sometido el CEO de Nissan, sin entrar a juzgar de su culpabilidad, es más propio de la Edad Media o de una oscura dictadura del Tercer Mundo que de un país desarrollado y moderno como Japón. 

Quizá sea una visión occidental de los derechos de la personas y a los japoneses no les importe nada. Pero vale la pena luchar para extender la presunción de inocencia y otras garantías personales a todos los lugares de la tierra: está en juego algo muy sagrado como la libertad individual